La comunidad empresarial de Panamá fue sorprendida hace algunas semanas con un auto emitido por un juez de la provincia de Coclé que declaraba la quiebra de la empresa RG Hotels. Esta noticia no hubiese tenido mayor impacto si no fuera porque se trataba de una empresa que opera varios hoteles y, como tal, los acreedores de los mismos son muchos y variados. A  ellos tenemos que sumarles los adquirentes de paquetes vacacionales, bienes inmuebles e inversionistas que de manera cándida confiaron en las emisiones bursátiles que emitieron en la plaza por considerarlas que poseían garantías suficientes y seguras. Este último hecho ha repercutido de manera negativa en muchos actores del mercado de la bolsa que ni siquiera tuvieron algo que ver con las emisiones de RG Hotels, como lo son casas de bolsa, estructuradores bursátiles, fiduciarias y emisores serios a los que todo inversionista mira con recelo ahora.

Creo que ante un panorama como este es importante poner en su justa perspectiva lo que ha venido pasando.

Primeramente, debo referirme al tribunal que emite el auto de quiebra. La ley establece que una solicitud de quiebra la puede realizar cualquier acreedor que considere que el deudor no está, por razones económicas, en disposición de cumplir sus obligaciones. Para ello, debe aportar al juez del circuito donde reside el deudor, una serie de documentos que taxativamente se indican en los Códigos de Comercio y Judicial. Luego de lo cual, el juez de la causa emite el auto de quiebra.

Este auto no puede desconocer los derechos de que terceras posean como hipotecas o bienes dados en fideicomiso, y todos los afectados podrán sumar sus pretensiones al expediente de quiebra con el fin de reclamar sus derechos. Hasta aquí lo que establece la ley sin prejuicio de lo que se pudiera decir del auto emitido por el juez y que no es materia de este artículo.

Las emisiones de valores en Panamá han sido, por más de una década, una forma efectiva para obtener dinero de inversionistas a un coste más bajo del que normalmente se consigue en los bancos de la plaza. Con el devenir del tiempo, estas emisiones se fueron perfeccionando en busca de dar mejores y mayores garantías y así asegurar su efectividad como una alternativa a aquellas personas que poseen exceso de liquidez y que desean un rendimiento superior al que da una cuenta bancaria. Por ello, dentro de estas emisiones se ha hecho una práctica general que las mismas sean garantizadas con pagarés, efectivo, valores, bienes muebles o inmuebles colocándolos dentro de una estructura de fideicomiso.

Para utilizar esta figura, las empresas emisoras contratan a una compañía fiduciaria independiente quien será la responsable de recibir los bienes, administrarlos y hasta liquidarlos en beneficio de los propietarios de los valores en caso de que el emisor no cumpla con las obligaciones que ha contraído para con ellos. Estas estructuras han operado perfectamente por años y han permitido que el mercado de valores de Panamá mueva millones de dólares con éxito y en beneficio de todas las partes involucradas.

Pero entonces, ¿por qué ahora ante dos casos aislados en el último año las personas han perdido la confianza en toda una estructura tan eficaz y bien desarrollada?

Primordialmente, es importante indicar que las compañías fiduciarias están reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá. A ellos les corresponde revisar que los procesos a nivel de la ley que regula este negocio se estén cumpliendo y que además dichas empresas no estén llevando a cabo operaciones que pudieran ser consideradas como lavado de dinero. Esta Superintendencia no es la encargada de velar si las emisiones cumplen o no con las normativas legales. Ese papel lo debe realizar la Superintendencia del Mercado de Valores, que es la responsable de autorizar toda emisión y de verificar que los actores cumplan con las normas legales y los compromisos que se han adquirido.

La inmensa mayoría de las emisiones de valores cumplen con la ley y sus acreedores. Las empresas fiduciarias que garantizan dichos valores realizan de forma eficaz su trabajo. Pero no por ello debemos pasar por alto estos casos excepcionales que tanto daño le han causado a la industria.

Considero que ha llegado la hora de revisar la ley de valores y darle un papel más relevante a la Superintendencia del Mercado de Valores. Este ente regulador, por las limitaciones que las normas le establecen, ha venido realizando un papel de simple aprobador de emisiones, cuando su papel debe ser el de supervigilante por todo el periodo que dura una emisión en el mercado. Esta modificación debe incluir que ellos tengan la facultad de supervisar, en lo que a su tema se refiere, a las empresas fiduciarias.

El negocio fiduciario sigue siendo una ayuda confiable no solo para ser utilizado como garantes bursátiles sino también para una multiplicidad de transacciones donde se busca aportar un patrimonio para que sea administrado por un tercero de forma profesional, controlada y responsable.

Por su parte, las casas de valores o corredores de bolsa deben también jugar un papel más preponderante en el mercado, analizando de manera profunda las emisiones que ofrecen y exigiendo a los emisores mayores garantías y controles.

La Bolsa de Valores de Panamá debe ser más activa, ya que son parte del engranaje por donde pasan los valores.

Si todos los actores hacemos nuestra parte, pero sobre todo si nos dan mayores, mejores y más eficaces herramientas para manejar el mercado de valores, de seguro Panamá resplandecerá como un centro bursátil de importancia.

Marcar a todas las empresas fiduciarias, corredoras de bolsas y estructuras bursátiles como entes de poca confianza se aleja mucho de la realidad. La mejor prueba es que los valores en Panamá siguen siendo una de las mejores alternativas para emisores e inversionistas.