Cuando en la década de los noventa la tecnología irrumpió de manera abrupta en el mundo, una de las primeras dificultades con que se encontraron las sociedades de todos los países fue que no existían normas legales que las regulasen y, peor aún, que no existía jurisprudencia que sirviera de apoyo para dilucidar conflictos entre partes.

El primer gran caso que hizo entender a los Estados Unidos la necesidad de hacer algo al respecto fue el renombrado caso Contacto en Francia, que nada tiene que ver con la película de los años 70. La base del caso fue que una empresa norteamericana estaba vendiendo por internet artículos nazis a toda la Tierra, lo que está prohibido por ley en Francia. El Gobierno francés le reclamó a la compañía y esta contestó que, a la luz de la ley norteamericana, donde ellos estaban operando, no se estaba violando ley alguna. Fue entonces cuando se demandó a la empresa en el estado de California y los jueces se percataron de la inexistencia de normas y de la urgente necesidad de regular el uso del internet. Al final, el caso lo ganó Francia y la empresa se vio obligada a poner un filtro que impidiera que la página que ofrecía estos productos pudiera ser vista en aquel país.

Desde entonces, miles de nuevas tecnologías han surgido y la verdad es que la velocidad con que avanzan no es la misma con la que los legisladores de todo el mundo reaccionan. Este desface no se debe a un solo factor sino a múltiples, como lo son, entre otros, el no entendimiento del nuevo invento y sus implicaciones ante la sociedad y las prioridades de los legisladores que basan sus políticas en temas que buscan beneficiar a las áreas donde consiguen sus votos, olvidando los problemas macros.

Lo que la población de países como el nuestro, donde solo se reciben y usan los inventos de países más desarrollados, pues nosotros nada inventamos, es que al estar muchos pasos atrás en las tendencias mundiales, nos olvidamos de adaptarnos, reinventarnos, mejorarnos y acoplarnos a lo que yo llamaría “nueva civilización”.

Imaginemos que usted recibe un chat con un meme burlándose de un personaje público, utilizando información que a todas luces es falsa. ¿Cómo puede esa persona hacer para defender sus derechos? ¿Puede demandar a alguien por calumnia? No, ya que por regla general no se conoce el autor del meme y mucho menos cómo llegó hasta usted. Por ende, las leyes que en la actualidad podrían defender el honor del ofendido queda obsoleta.

Veamos otro ejemplo: el tan sonado caso de Uber. Los taxistas tradicionales se oponen a ello. No tratan de igualarlos y competir frente a frente, lo que desean es eliminarlos del país para seguir por la libre sin ley ni orden en carros destartalados, a tarifas unilateralmente impuestas por ellos y negándose a llevar pasajeros. Después de algunos desencuentros en la calle, a las autoridades les ha surgido la idea de que a Uber hay que reglamentarlo.

Y es que ese es el problema: las tecnologías surgen, chocan con los sistemas actuales, quienes se niegan a cambiar su forma de actuar –ya sea buena o mala– y después de muchos conflictos se percatan de que debían haber empezado por regular los nuevos inventos.

¿Qué va a suceder con el sistema de alquileres temporales por internet denominado Airbnb, que ya han empezado a competir con los hoteles los cuales están altamente regulados y pagan impuestos? ¿Esperarán las autoridades a que surja un conflicto con los hoteles para pensar en regular este sistema, cuyas personas que ofrecen el servicio ni siquiera pagan impuestos en Panamá u otra parte del mundo? ¿Y qué decir de los nuevos sistemas bancarios denominados Fintech que se están implementando en los países industrializados a pasos agigantados y que hasta nos pasan en Panamá comerciales de televisión demostrando cómo funcionan? Mientras se está pensando en poner mayores regulaciones a la banca tradicional, se olvidan de que el mundo empieza a girar en otra dirección.