Cuando leemos una noticia donde dos de las más reputadas calificadoras de riesgo, como lo son Standard and Poor’s y Fitch, “arremeten” –como mencionó un medio– contra la banca panameña, no podemos menos que indignarnos y recordarles que esas mismas empresas les daban las mejores calificaciones a las emisiones de valores de los bancos norteamericanos que llevaron al planeta a una de sus peores crisis económicas en el año 2008, al considerar de poco o ningún riesgo invertir en los bonos hipotecarios a sabiendas de que eran de altísimo riesgo.

Pero antes de pintarme de nacionalista o apasionarme creo prudente explorar qué quisieron decir las calificadoras sobre ciertos bancos y las autoridades bancarias en general.

La primera noticia publicada hace mención de que a tres bancos de la localidad se les modificó la perspectiva. Dicho cambio no significa que disminuyó o alteró de forma negativa la calificación que ya poseían.

Lo que ello quiere decir es que la operación de estos bancos y el entorno en que se mueven pudiesen verse afectados por factores externos (regulaciones, inclusión del país en listas mundiales, transparencia del sistema) que impacten de alguna forma a la institución calificada en un futuro. En los casos que nos atañen, ninguno de los cambios de perspectiva fueron motivados por factores internos sino únicamente por factores externos a ellos mismos.

Por ende, no hay nada por qué alarmarse en cuanto a los tres bancos mencionados en los medios.

Sin embargo, pese a lo expuesto, S&P menciona ciertos parámetros interesantes de observar.

Al analizar un abanico más grande de bancos se encuentra que un gran número de ellos poseen los mismos clientes, lo que aumenta su exposición ante incumplimientos, pues creen que los bancos pequeños y medianos no podrían hacerles frente a una morosidad excesiva, por lo que tendrían que recurrir a nuevas.

Agregan que las exigencias regulatorias y de capital son cada vez más complejas, lo que impactará directamente si no se toman las previsiones en los ingresos de los bancos, pero que el ambiente económico del país, el cual se ha mantenido estable, y la baja morosidad permiten que cualquiera de estos elementos no los afecten, hasta ahora.

Puede ser que ellos tengan algo de razón respecto a un país tan pequeño como el nuestro, pero si nos basamos estrictamente en los números se podrá ver que los niveles de morosidad son muy bajos y que las reservas exigidas por la Ley están muy por encima de los estándares, inclusive para países más desarrollados que el nuestro.

Dentro de su informe las calificadoras opinan sobre un tema que resulta subjetivo y al que el regulador bancario ha sabido defender, pero que consideramos importante aclarar: Panamá, contrario a los que los medios internacionales han dicho a todo lo largo del 2016, es un país altamente regulado. No pasa desapercibido para quien tenga la oportunidad de revisar las leyes y acuerdos que emite la Superintendencia de Bancos de Panamá, que cada detalle de las actividades bancarias está regulada. De hecho, ante cada acontecimiento internacional que afecta la banca mundial, la capacidad de reacción del regulador es cuasi instantánea. No dejan nada a interpretaciones.

Se menciona en el precitado informe que en Panamá han quedado al descubierto con los mal llamados Panama Papers y el caso Waked la falta de trasparencia y de controles. Nada más alejado de la realidad. Las operaciones llevadas a cabo por un solo despacho de abogados se realizaron en bancos ubicados en jurisdicciones muy “reputadas” no en Panamá, con sociedades como las de Delaware o BVI, no así con las panameñas, pero sobre eso las mismas calificadoras y los medios de comunicación no solo guardan silencio sino que tampoco mencionan los pocos controles que poseían los reguladores extranjeros. En cuanto al caso Waked, se le ha acusado de lavado de dinero, pero hasta ahora en el caso de Panamá no se ha probado que ningún banco hubiese participado en dicho lavado. Luego entonces, ¿de quién es la vulnerabilidad, del regulador panameño o de los reguladores extranjeros?

Claro, este repertorio de noticias en nada nos ayuda, y en este punto sí debo estar de acuerdo con las calificadoras de riesgo, ya que se puede poner en riesgo las corresponsalías bancarias y la obtención de créditos internacionales.

En cuanto al cumplimiento bancario del acuerdo de Basilea III, Fitch se muestra ambivalente. Por un lado acepta que Panamá se encuentra más avanzada que el resto de Centroamérica; pero por el otro, muestra preocupación sobre el cumplimiento total y las adecuaciones de capital que los bancos deben cumplir, ya que cree que los bancos pequeños y medianos pudieran no lograr dicho ajuste. En ese punto volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la idea de las calificadoras en estar anunciando que tal vez y que solo tal vez los bancos pequeños y medianos no podrán cumplir, si Basilea III debe completarse para el año 2019? ¿Será que existe una intención oculta en sus comentarios?

Al concluir con la lectura de los informes de ambas calificadoras y entender qué desearon decir, nos encontraremos que usan un juego de palabras que más que ayudar a mejorar el sistema u orientar al panameño común, lo han alarmado.