El Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular es el nuevo invento que las Naciones Unidas crearon en el año 2016 y que esta semana se firmará en Marrakech. Este pacto pasará a la historia como uno de los que con mayor éxito han dividido a los países que forman parte de ese organismo internacional. Naciones como Holanda, Hungría, Italia, Suiza, Austria, Australia y Chile se han negado, por lo menos hasta ahora, a firmarlo dadas las condiciones que en dicho acuerdo se establecen. Ni Mohamed VI, monarca del país anfitrión, ha asistido al acto de firmas. Por su parte, la ONU insiste con su típica e hipócrita candidez, que el acuerdo no es vinculante, pero eso está por verse con el tiempo. Por supuesto, nuestro primer mandatario corrió hasta el lugar de encuentro para suscribir este pacto sin consultar con nadie, pues su debilidad hacia la inmigración es bien conocida.

Antes de empezar, deseo manifestarles que tanto como mis abuelos como mi madre fueron y son inmigrantes que, huyendo de una guerra, quedaron en este extraordinario país que les permitió trabajar y formar una familia. Nunca negaron ni se sintieron ofendidos por su condición de extranjeros, pero tampoco jamás buscaron que el gobierno les regalara o subsidiaria nada. Y digo todo esto, pues lo expresado en este pacto es escalofriante.

Primeramente, debo manifestar que el derecho de migración (un derecho nuevo según la ONU), no es en este país un derecho humano contemplado en la Constitución. Claro que por temas humanitarios cualquier país puede, y así lo hemos hecho en el pasado, acoger a nacionales de países en conflicto, ya sea por su vulnerabilidad o por aspectos políticos, sociales o religiosos, aunque ahora se han incluido temas ambientales. Pretender acoger por temas humanitarios a todos los nacionales de esos países que de forma democrática escogen a sus mandatarios con ideologías socialistas del siglo XXI y que luego les hacen pasar hambre y no saben cómo sacarlos del poder, no puede ni debe considerarse una ayuda humanitaria.

El pacto expresa que el país deberá (sí, dije deberá, no podrá) darle al inmigrante el derecho a trabajar (no sé qué pasaría con las profesiones que están contempladas exclusivamente para el ejercicio de los nacionales), el derecho a la educación y a la salud. Cómo podemos pretender recibir y dar a los inmigrantes lo que nosotros no tenemos. Las escuelas se están cayendo, la educación es del siglo pasado, las medicinas escasean, los hospitales no se dan abasto y suscribimos un pacto que nos obligará a dar este conjunto de derechos y de beneficios, aunque el mismo exprese que no es vinculante.

Uno de los puntos más controversiales sería que el país queda comprometido a “impedir la violencia racista y xenofobia condenando las expresiones, los actos y las manifestaciones de racismo, discriminación racial, violencia, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra todos los migrantes, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y un discurso público abierto y con base empírica sobre la migración y los migrantes que genere una percepción más realista, humana y constructiva a este respecto”. No puedo estar de acuerdo con la violencia en ninguna de sus formas, pero no poder expresarme sobre cualquier tema que considere que afecta a mis propios coterráneos va directamente contra el derecho de manifestación o expresión que sí está contemplando en la Constitución Política de Panamá. Convertir en un delito el expresar e intercambiar ideas de cualquier naturaleza es volver a los tiempos de la censura por los cuales ya pasamos. A mí no me van a moldear el pensamiento.

El pacto permite al inmigrante decidir a cuál país puede ir. Esto es insólito, ya que el que busca otra nación para vivir procurará no ir al país más pobre o al que menos le dé, irá al que más subsidios le regale y donde pueda ser acogido con más prebendas. Es más, se elimina la definición de inmigrante legal o ilegal o refugiado, lo cual significa que dará lo mismo como llegue, el extranjero tendrá derecho a todo.

¿A quiénes cree usted que afectarán estos regalitos otorgados por la ONU en nombre y por cuenta de cada nación? A los pobres, que hoy en día deben luchar a diario con la falta de agua, escuelas y medicinas.

Este país se forjó gracias a personas de múltiples nacionalidades que hoy conforman colonias prósperas, respetadas y orgullosas de sus orígenes y tradiciones, pero ninguna llegó aquí esperando nada a cambio, llegaron a trabajar y ayudar a crecer al país.

¿Qué sigue ahora que se firmó? Bueno el pacto “no vinculante” establece que cada cuatro años se revisarán los avances que se han logrado en cada nación en cada uno de los 23 puntos que conforman el mismo. Si no es de obligatorio cumplimiento ¿por qué tendrían que revisar sus avances?

Por ello, es indispensable que la Asamblea de Diputados no ratifique este pacto que a todas luces viola nuestro derecho constitucional. Hasta aquí lo dejo, ya que este artículo se puede convertir en una prueba para los futuros delitos que se tipificaran en Panamá por cuenta de la ONU.